Por orden del presidente Alfonsín, se inicia un proceso judicial contra las tres primeras juntas militares de la dictadura por las graves violaciones de derechos humanos. La sentencia dictó severas penas, sin embargo, la presión de la corporación militar obligó al gobierno a dictar las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida que sancionó la impunidad de los militares.
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